“Acto de impunidad”: AFEP denuncia que Justicia abre paso a beneficios carcelarios para represores de la dictadura

Por constituir un «acto de impunidad«, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) denunció las acciones e instrucciones emanadas desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “orientadas explícitamente a favorecer el otorgamiento de beneficios carcelarios a condenados por crímenes de lesa humanidad” cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet. A través de una declaración pública, indicó que se trata de represores que, durante años, han eludido la acción de la justicia y que en la actualidad, «bajo el argumento de su avanzada edad o condiciones de salud, buscan eludir el cumplimiento de sentencias condenatorias firmes y ejecutoriadas”. La denuncia planteada con «profunda preocupación, estupor e indignación» se centra en el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien según los antecedentes recabados habría instruido, a través de la Jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, que los abogados del área se abstengan de intervenir en los recursos de amparo y en las solicitudes de rebaja de pena.

«Esto ha implicado el desistimiento de las apelaciones ya interpuestas y la prohibición de alegar las causas en las que previamente se encontraban compareciendo”, advirtió la AFEP, al tiempo que recordó que el actual ministro de Justicia y DDHH participó como abogado en la defensa del dictador Augusto Pinochet en diversas causas judiciales, entre ellas el caso Riggs. En opinión de la agrupación, las consecuencias de instrucciones impartidas son de extrema gravedad, ya que limitan y restringen una de las funciones eséncialas del Programa de Derechos Humanos que es » la defensa y promoción de los derechos humanos» y además neutralizan «el valioso trabajo de sus abogados, quienes cuentan con el más absoluto y total reconocimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, cuya defensa estuvo a cargo precisamente del actual ministro de Justicia Fernando Rabat«. «Denunciamos esta situación porque constituye un acto de impunidad, particularmente en un contexto donde aún existen más de 400 causas abiertas”, señalaron en la declaración pública.

Desde la AFEP plantearon que las órdenes emanadas por el Ministerio de Justicia «no solo resultan cuestionables desde el punto de vista jurídico, sino que podrían configurar un escenario de ilegalidad, evidenciando un preocupante abandono de deberes por parte del Estado” y alertaron que en la práctica, se estaría favoreciendo a condenados por graves violaciones a los derechos humanos, entre quienes figuran: «César Manríquez Bravo, agente de la Dina condenado por diversos crímenes de la denominada Operación Colombo; Héctor Osses, Oficial de Carabineros condenados por diversos homicidios cometidos en la Población San Gregorio; y Jorge Mandiola, agente de la CNI, condenado por diversos homicidios de la denominada Operación Alfa Carbón”. Destacaron que en cada uno de estos casos, por instrucciones de Rabat se le ha ordenado a los abogados del Programa de Derechos Humanos abandonar las acciones destinadas a asegurar el cumplimiento efectivo de las condenas, «lo que vulnera gravemente los derechos de las víctimas». Ante este escenario, los integrantes de la agrupación solicitaron a los Tribunales de Justicia que consideren la ausencia de comparecencia del Programa de Derechos Humanos «como una situación que afecta el principio de maniobra bilateralidad de la audiencia, el derecho de las víctimas a ser oídas y, en definitiva, el debido proceso», lo cual se enmarca en una «política de impunidad respecto de la cual los tribunales no pueden ni deben hacerse partícipes».

A la par, extendieron un llamado a la Contraloría General de la República, para que se pronuncie sobre la legalidad de las instrucciones de la cartera de justicia, «en atención a su eventual contradicción con las obligaciones del Estado derivadas de los Derechos humanos y del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que establece el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales garantizados tanto en la Constitución como en tratados internacionales vigentes”. Para cerrar la declaración, la AFEP reafirmó su más profundo compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, la verdad, la justicia y la reparación.