A seis años de la polémica: tribunal sobresee a exsubsecretario Arturo Zúñiga por contratos en pandemia con Espacio Riesco
Los primeros días de la pandemia de Covid-19, el Ministerio de Salud debió adoptar una serie de medidas extraordinarias para abordar la llegada del mortal virus en el país. En ese contexto, es que el entonces subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, firmó un contrato con Espacio Riesco para utilizar el lugar como centro asistencial, donde finalmente se atendieron cientos de pacientes. Aquello, eso sí, no estuvo exento de polémicas y cuestionamientos, los que incluso derivaron en 2020 a que uno de los dos contratos suscritos se suspendiera, luego de que Contraloría lo declarara como ilegal por inconsistencias en los montos por los que se pagaban los servicios, y que luego el centro de eventos acusara al Minsal de adeudarles.
Luego, en 2022 Contraloría luego emitió un dictamen donde se detectó que la subsecretaría no realizó un estudio para barajar “distintas opciones de inmuebles”, así como que la repartición no esperó una minuta del Ministerio de Bienes Nacionales para saber qué espacios públicos se encontraban disponibles. Además se mencionó la falta de acreditación en el pago de partidas que el Servicio de Salud Metropolitano Norte no pudo justificar. Al respecto, el exsubsecretario Zúñiga aclaró en julio de 2022 que “sí se realizaron cotizaciones en dos recintos adicionales y se revisaron las condiciones de otra decena de lugares públicos y privados”.
Y apuntó a que se debía “considerar que se estaba actuando contra el tiempo y hacer un proceso de licitación que implicaba un retraso de tres meses era imposible en las necesidades de camas que tenías como país”. Con todo, este viernes, y seis años después, la jueza Patricia Ibacache, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, decretó hoy el sobreseimiento definitivo del exsubsecretario en la causa por la que se había querellado Carlos Magotta, quien en ese entonces era el representante de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y a quien incluso se condenó en costas. Entre los cargos que se le acusaban al imputado estaban los de negociación incompatible, tráfico de influencias y fraudes al fisco y organismos del Estado.
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