“Ante la ausencia de fiscalización, los abusos quedan impunes”: Sindicato de Cencosud alerta sobre recortes del gobierno tras multas por $93 millones

Por Jean Flores Quintana El reciente anuncio del gobierno de José Antonio Kast sobre un recorte transversal del gasto público en los ministerios enciende las alarmas por el debilitamiento de una herramienta estatal fundamental para proteger a los trabajadores: la fiscalización laboral. Un proceso de inspección instruido por la Dirección del Trabajo en 2025, solicitado por la Coordinadora de Trabajadores de Cencosud, expone graves incumplimientos en las cadenas Jumbo, Easy, Paris y Santa Isabel a lo largo del país. El operativo abarcó 17 inspecciones nacionales; 11 de ellas terminaron con multas que acumulan $93.

092. 148. Las cifras del informe, obtenidas por los trabajadores, revelan un patrón estructural de infracciones en el conglomerado.

Los montos sancionados detallan la gravedad de las faltas. Santa Isabel acumula $37. 740.

060 en multas por deficiencias en seguridad laboral, carencia de medidas de protección, irregularidades en comités paritarios y condiciones precarias de higiene. Easy y Paris suman $12. 580.

020 por operar sin condiciones mínimas de infraestructura, mantener vías de evacuación obstruidas y exponer al personal a espacios laborales inseguros. Adicionalmente, Paris registra $6. 709.

344 por negar descansos compensatorios. Jumbo enfrenta $36. 062.

724 en sanciones debido a irregularidades contractuales, fallas en reglamentos internos, problemas de seguridad y la negación de domingos de descanso legal. Los incumplimientos detectados abarcan la falta de formalización contractual, alteraciones en jornadas y registros de asistencia, y la obstaculización de los comités paritarios. Las empresas mantienen condiciones inseguras, como vías de evacuación bloqueadas y factores de riesgo latentes, sumado a la nula capacitación en el uso de extintores y deficiencias en infraestructura básica, incluyendo comedores y duchas.

Estas infracciones vulneran la normativa vigente, comprometen directamente la vida y salud de las y los trabajadores, y perjudican la calidad del servicio entregado a los consumidores. Este caso confirma la eficacia de la fiscalización laboral como herramienta del Estado. El recorte presupuestario impulsado por el Ejecutivo amenaza directamente estas capacidades.

Contar con menos recursos implica una caída en las inspecciones, menor presencia territorial y una disminución real del poder para hacer cumplir la ley. La reiteración de faltas en distintas empresas y regiones confirma un patrón estructural de incumplimientos en el retail, donde la reducción de costos se traduce en precarización laboral. El mundo sindical advierte el peligro de aplicar recortes en áreas críticas.

Sergio Fuentes, vocero de la Coordinadora de Trabajadores de Cencosud, es categórico: “Estos más de 93 millones en multas representan la prueba de que, ante la ausencia de fiscalización, los abusos quedan impunes. Reducir el rol del Estado en esta materia significa dejar a los trabajadores desprotegidos. Debilitar la fiscalización en este contexto profundiza la desigualdad y favorece la impunidad”.

El caso Cencosud demuestra que la fiscalización constituye una inversión directa en derechos, seguridad y calidad. “Reducir recursos en esta área debilita al Estado y pone en riesgo las condiciones laborales dignas y los estándares mínimos que toda sociedad democrática debe garantizar”, concluye Fuentes.