"Es un sufrimiento constante": Hablan familias afectadas por paralización de viviendas en Los Vilos

Una mezcla de frustración, angustia e impotencia es la que hoy viven 179 familias de Los Vilos tras la abrupta paralización del proyecto habitacional Última Esperanza, iniciativa que durante más de una década representó la posibilidad concreta de acceder a la vivienda propia. Y es que la decisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) de poner término anticipado al contrato con la constructora a cargo, luego de detectar graves irregularidades administrativas y financieras, dejó a los beneficiarios en un escenario de total incertidumbre. El conflicto se originó tras la presentación de una presunta boleta de garantía falsa por cerca de $1.

200 millones, instrumento que la empresa constructora habría utilizado para respaldar el cobro de un anticipo. A ello se suman incumplimientos reiterados desde 2024, entre ellos el registro vencido en el MINVU, el no cumplimiento de hitos claves como la construcción de una vivienda piloto en julio de 2025 y la ejecución de obras no autorizadas. Pese a estas falencias, la constructora recibió más de $1.

700 millones en anticipos — $585 millones por parte del SERVIU y $1. 200 millones del gobierno regional en 2026 —, en un contexto donde el avance financiero alcanzaba un 31,27%, mientras que el físico apenas llegaba al 24,2%. Según explicó el SERVIU, los pagos se realizaron con normalidad hasta que se detectó la irregularidad en la garantía, atribuyendo la paralización a problemas internos de la empresa.

Sin embargo, más allá de las responsabilidades administrativas, el impacto más profundo lo viven las familias afectadas, quienes ven cómo el anhelado proyecto vuelve a retroceder cuando parecía estar en su etapa final. Un sueño que se vuelve a postergarPara los integrantes del comité, el nombre de éste, “Última Esperanza” no es casual, pues representa años de esfuerzo, postulaciones fallidas y expectativas acumuladas. Hoy, ese simbolismo, sin embargo, adquiere un tono aún más dramático.

Coralis Burgos, tesorera e integrante de la directiva, reconoce que la situación la golpea tanto a nivel personal como colectivo. “Prefiero hablar como afectada más que como dirigente. Si el proyecto se retrasa un mes, es un mes más que tenemos que seguir pagando arriendo para tener dónde vivir”, afirma.

La dirigenta explica que el calendario original contemplaba la entrega de las viviendas en septiembre de este año, pero ahora, las proyecciones se extienden, al menos, hasta diciembre de 2027. “Estamos hablando de meses, incluso más de un año de retraso. Es un sufrimiento constante.

Tengo mucha pena, pero también claridad de que nosotros no cometimos errores. Aquí hubo una empresa que no cumplió con sus obligaciones básicas”, sostiene. Cuestionamientos al procesoPero las críticas no solo apuntan a la empresa, sino también al manejo institucional del proyecto.

Y es que para Coralis Burgos también hubo una eventual falta de control por parte de las autoridades. “Nosotros somos personas comunes, no tenemos cómo revisar una boleta de esa magnitud. Eso le correspondía al SERVIU.

Debieron haber detectado ese problema a tiempo”, cuestiona. Al respecto, Isaías Ramírez, otro de los afectados, plantea que existió un apuro que podría haber estado influido por factores externos. “Se miró más desde el punto de vista eleccionario”, afirma Ramírez.

A su juicio, la entrega de subsidios coincidió de manera sospechosa con periodos políticos relevantes. “Me parece que el gobierno se apresuró en el proceso, priorizando tiempos políticos por sobre la correcta ejecución”, agrega el hombre de radio e integrante del comité. Ramírez también advierte sobre una diferencia significativa entre lo que se ha construido y lo que se ha pagado.

“El avance físico es menor al avance financiero, y eso está bajo investigación. No es menor, porque estamos hablando de recursos públicos”, recalca. En ese sentido, recuerda una reunión sostenida en enero con autoridades del SERVIU y del MINVU, en la cual —según su versión—, se habría presionado al comité para mantener a la empresa a cargo, pese a los evidentes atrasos.

“Se nos planteó como una disyuntiva: continuar con la empresa o retroceder todo el proceso. Era como si hubiera una urgencia por cumplir metas de entrega antes del término del gobierno”, señala. Incertidumbre por la obraEn tanto, hoy, el foco de preocupación no solo está en los plazos, sino también en el estado y resguardo de lo ya construido.

Además, según los propios beneficiarios, existe escasa información respecto de quién se hará cargo de la seguridad del recinto durante la paralización. “Si empiezan a robar materiales o a deteriorarse lo construido, el costo final será mucho mayor. Y eso podría significar más retrasos”, advierte Ramírez.

A esto se suma la inquietud por la calidad de las obras ejecutadas, considerando los problemas financieros que habría enfrentado la empresa con sus trabajadores. “Cuando no hay pagos al día, la calidad del trabajo se resiente. Es fundamental que se haga una revisión exhaustiva antes de retomar las obras”, enfatiza.

Pese al complejo escenario, dentro del comité existe una percepción compartida de que la decisión de poner término al contrato era inevitable. “Creemos que, a largo plazo, puede ser lo mejor. Pero eso no quita que hoy los más perjudicados somos nosotros”, reconoce Ramírez.

Un proyecto en pausa y familias en esperaOtro de los beneficiarios, de nombre Luis, asegura que se debe ser responsable con la información y destaca el gran trabajo que han realizado los distintos dirigentes del comité Última Esperanza para sacar adelante el proyecto, pese a los grandes obstáculos que han surgido en el camino. “No es fácil llevar adelante un proyecto por más de una década. Mucha gente se desilusionó y quedó en el camino, pero los dirigentes, como la anterior presidenta — quien debió dejar el cargo por enfermedad —, lucharon para que esta obra se concrete.

Es sólo una pausa, porque no nos vamos a detener hasta lograr vivir en nuestras casas y darle un techo propio a nuestras familias”, sostiene. Por su parte, las autoridades trabajan en un nuevo proceso de licitación que permita retomar la construcción, mientras 179 familias continúan enfrentando una realidad marcada por la incertidumbre.