$16 mil millones menos para Aysén: diputada Andrea Macías acusa fuerte impacto por recorte del 3% y freno a plan ambiental

La diputada Andrea Macías encendió las alertas frente a las primeras decisiones del gobierno entrante, advirtiendo que el recorte presupuestario del 3% y el freno a iniciativas clave tendrán efectos directos en la Región de Aysén, impactando su desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes. En materia legislativa, la parlamentaria cuestionó el retiro del proyecto de negociación colectiva multinivel (conocido como negociación ramal), señalando que se trata de un retroceso en los derechos de las y los trabajadores, al debilitar herramientas que fortalecen su capacidad de negociación frente a los empleadores. Sin embargo, el foco principal de su preocupación está en el impacto del ajuste fiscal.

“Somos una región que depende en un 80% de la inversión estatal. Por eso, este 3% no es menor: son $16 mil millones menos para Aysén”, afirmó. La diputada explicó que esta reducción no es una cifra abstracta, sino que tiene consecuencias concretas para la vida de las personas: equivale, por ejemplo, a un tercio del sistema de educación regional, a la construcción de más de 130 viviendas o al financiamiento de seis postas de salud rural.

A este escenario se suma el retiro desde la Contraloría General de la República del Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) de Puerto Aysén, el que se encontraba en su etapa final de tramitación tras años de trabajo y participación ciudadana. Según indicó Macías, esta decisión implica frenar medidas urgentes como el recambio de calefactores, el acondicionamiento térmico de viviendas y otras acciones destinadas a mejorar la calidad del aire en la zona. “Este plan no nació de un escritorio, nació de la comunidad.

Su retiro significa detener soluciones concretas para una problemática que afecta directamente la salud de las personas”, sostuvo. En esa línea, enfatizó que hablar de contaminación en Aysén tiene una dimensión distinta al resto del país, debido a las condiciones climáticas y territoriales de la región. Finalmente, la diputada hizo un llamado al Ejecutivo a revisar estas decisiones y considerar su impacto territorial.

“El desarrollo de Aysén no puede ser una variable de ajuste. Aquí lo que se está afectando son oportunidades, calidad de vida y derechos de miles de personas”, concluyó.