11 millones de chilenos podríamos sufrir el alza del transporte público en regiones

El impacto del histórico aumento en los combustibles comienza a desplegar su segunda fase: el encarecimiento del transporte público para quienes vivimos en regiones. Lo que inicialmente se planteó como un esfuerzo por contener las tarifas fuera de Santiago hoy entra en zona de incertidumbre, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconociera en el Congreso que no puede garantizar que los precios no suban. Un giro en el discurso El punto de inflexión está en la decisión del gobierno de no aplicar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).

Sin ese amortiguador, el alza —que alcanzó niveles históricos— no solo golpea a los automovilistas, sino que presiona directamente los costos operacionales del transporte público, especialmente en regiones donde vivimos la mayoría de los chilenos. En un comienzo, el Ejecutivo había planteado un esquema de contención: congelar tarifas en Santiago y aplicar un sistema “espejo” para regiones. Sin embargo, el propio Quiroz dio señales de retroceso.

“No puedo prometer que la tarifa en provincias o en regiones no va a cambiar porque no tengo cómo yo asegurar eso”, afirmó ante el Congreso. Regiones bajo presión La frase marca un cambio relevante, no solo técnico, sino político. Hasta ahora, la narrativa del gobierno apuntaba a proteger a los usuarios del transporte público.

Hoy, en cambio, se reconoce implícitamente que esa protección podría no sostenerse. En las regiones de Chile vivimos más de 11 millones de personas, muchas de las cuales dependen del transporte público como su principal medio de movilidad. A diferencia de la capital, donde existe un sistema que permite congelar los precios, en regiones el sistema es más frágil.

En ese contexto, la promesa de equidad territorial vuelve a tensionarse. El propio ministro intentó sostener el principio de redistribución al señalar “cada peso que entre a Santiago también vaya a regiones en las proporciones que normalmente se distribuyen”, aunque esa fórmula no asegura que las tarifas se mantengan estables. El alza del transporte público aparece así como un efecto indirecto —pero inevitable— de la política energética adoptada.

La no aplicación del MEPCO no solo tiene consecuencias fiscales, sino también sociales y políticas, al trasladar el ajuste directamente a los usuarios. Con combustibles al alza y subsidios en tensión, el sistema enfrenta un dilema clásico: absorber el costo o trasladarlo a la tarifa, dejando a las regiones nuevamente en el centro del problema.